No hay cargo honorífico que valga si uno no se arremanga para ordenar la casa. En este relato comparto lo que fueron cuatro años al frente de una institución tan valiosa como olvidada: la Sociedad de Beneficencia de Mollendo. Heredamos caos, resistencias, desidia y también oportunidades. Esta es una historia de decisiones incómodas, de esfuerzos sostenidos, de logros concretos y de obstáculos.

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A los pocos días de ser elegido alcalde, el chino Rivera me habló para ver si podía ayudar en algo de su gestión. —Falta gente en el directorio del Terminal Terrestre y de la Sociedad de Beneficencia de Mollendo (SBM).

—Donde tú quieras —le respondí.

La norma indica que, aunque las Beneficencias pertenecen al sector privado desde hace pocos años, por prestar servicio público son reguladas y están suscritas al Ministerio de la Mujer. Dicha norma establece también que el alcalde proponía a tres directores, uno de los cuales es el presidente del directorio de la Beneficencia que exista en su provincia. Ese fue el caso y fui elegido en enero de 2019.

Es una institución privada, pero en la cultura popular siguen llamándola Beneficencia Pública, como a las casi 100 que hay en el país. Digo «creyendo» porque incluso las instituciones de la ciudad, el personal que labora y la gente común creen que estas se comportan como antaño, en que incluso las Beneficencias pagaban hasta las recetas de farmacias. En pocas palabras, tienen que autosostenerse porque el subsidio estatal ya no llega ni al 15% del presupuesto anual.

Cuando fue conformado el directorio del que yo participaba, los tres miembros restantes fueron designados por el Ministerio de la Mujer, el Gobierno Regional Arequipa y el MINSA. Como se imaginarán, esas designaciones son de carácter político, por lo que los miembros que me tocaron, salvo Gabriela que era la excepción, poco ayudaban en el manejo. Tanto así que el representante de la UGEL Islay asistió dos o tres veces. El resto eran miembros que supongo sabrían de sus profesiones, pero de administración, que es para lo que fuimos elegidos, muy poco. La típica situación que sucede donde interviene el Estado. No había nada que hacer, así que hacia adelante nomás. Siempre he repetido el dicho: «Más ayuda el que menos estorba», y eso caía al dedo al directorio que presidía.

En la primera reunión pedí al gerente los estados financieros para ver la situación en que nos encontrábamos. La contabilidad tenía un retraso de más de dos años; en 2017 y 2018 el patrimonio se había reducido en más de 290,000 soles; la mora de alquileres (principal ingreso) alcanzaba más del 40% y el gasto administrativo era casi el 60% de los ingresos. Con esos índices, cualquier ejecutivo del sector privado ya estaría despedido y viendo televisión en su casa. Es decir, poco se hacía por administrar bien el dinero que había y que con eficiencia podría usarse para brindar mayor ayuda social, que es el fundamento de la institución: servir a la mayor cantidad de vulnerables.

—Pero tenemos buen dinero en la cuenta del Banco de la Nación —me dijo el gerente. Un criterio arcaico financieramente hablando. Pensar que porque hay disponibilidad de dinero hay que gastarlo, y así lo venían haciendo. Simplemente se estaban comiendo el patrimonio.

¿Por qué sucedía eso? Porque no existía control de ningún tipo. Parecía un club de amigos más que una institución benéfica. Sucedía, además, porque más de la mitad del personal pertenecía todavía al régimen público (porque la ley así lo contemplaba hasta que estos concluyeran su término laboral) y entonces los más de 14 empleados de SBM deberían ser fácilmente menos de 8 y con mayor productividad.

Desde el primer día, por supuesto, el control cayó como bomba entre todo el personal, porque si alguien viene a «arreglar el gallinero» a nadie le gusta eso, más aún si afectan sus intereses: almuerzo por festividades, no laborar el sábado por «consideración» al personal, canasta navideña «porque es una tradición», viaje a Tacna para hacer compras personales pero con la movilidad y gasolina de SBM; servicio de telefonía móvil de alto ticket para algunos funcionarios; arreglo de un bus donado en que el gastaron 15,000 soles y nunca sirvió. Todo ello solventado, por supuesto, con el dinero de SBM. —Todo lo que ahorremos en administración servirá para tener más fondos que serán usados en más servicios a los vulnerables, que son nuestro público objetivo —indiqué.

Hablé con algunos inquilinos «atrasados» y me dijeron que estaban al día, pero que lo pagaban en cash con un «valecito a mano». Otro de estos inquilinos tenía casi cuatro años sin pagar el alquiler y resultó que era pariente de una de las trabajadoras, y entonces se hacía de la vista gorda. —¿Cómo vas a sacar al chico por no pagar el alquiler si no tiene trabajo? —era el argumento. Claro. Cuando el dinero es de otro y a mi bolsillo no le cuesta, así cualquiera hace caridad.

Alguna prensa radial decía que nuestra administración era abusiva pero lo único que hacíamos era ordenar. Al punto que despedimos al contador, al asesor legal y al propio gerente. Si la ley lo permitía, yo hubiera despedido al 80% del personal. Ese gerente era hermano de uno de los regidores de la Municipalidad Provincial y recibí una llamada a los pocos minutos de haber cesado al funcionario. El alcalde no me pedía reconsiderar mi decisión, sino saber por qué lo había hecho. —En tu próxima sesión municipal me invitas y llevo la relación escrita de las razones y pruebas de ese despido. Ah, pero que sea en sesión pública para que todos se enteren —le respondí. No volvió a pitear el regidor aludido.

—No puedes dejar de cobrar dieta —me dijo un funcionario del ministerio regulador. —Es mal ejemplo —reiteró. Ciertamente las dietas eran bajas (200 soles si mal no recuerdo), pero los directores querían reunirse todas las veces posibles por mes para cobrar y yo decía: coordinemos más rápido por teléfono. Igual, en el primer directorio expresé en actas que yo me abstendría de cobrar dietas, sacar viáticos de cualquier tipo y que solventaría toda mi representación de SBM con mi propio dinero. Así lo hice los cuatro años que estuve de presidente y no gasté un sol.

Para efectuar los primeros cambios, conversé con Miluska, una abogada con amplia experiencia en Beneficencias por muchos años, y ella sirvió de base para la mejora en nuestra institución. Ella reemplazó al anterior y deficiente servicio asesor. Al poco tiempo, entró Mauricio como nuevo gerente y completamos el equipo con Miguel, quien se encargaría de la contabilidad y a quien conozco desde hace muchos años. Ellos tres fueron el pilar de lo que logramos, y nunca dejaré de agradecerles y reconocerlo.

SBM tiene 14 predios y uno de ellos es un terreno colindante con La Aguadita que tiene 4,500 m². Logramos recuperarlo después de muchos años porque uno de los vecinos había usurpado casi 250 m² con el simple argumento de que a él le faltaba. Incluso tuvimos que recurrir a traer tropa policial desde Arequipa para conseguir el objetivo, que Mauricio manejó eficientemente. A los pocos días, el demandado me llamó para decirme: “¿Por qué haces tanto problema si el terreno no es tuyo?” Justamente porque pocos defienden a SBM es que hay que hacerlo, porque la posibilidad de hacer productivo este predio haría que nuestros ingresos se incrementen exponencialmente, le respondí.

Durante mi gestión realicé varios viajes a Lima, donde, como ya lo indiqué, nunca pasé gasto ni del peaje de mi auto, con el que iba hacia el aeropuerto. Un periodista me entrevistó por radio, saliendo de una gestión en la capital, y de refilón me preguntó: —¿Y en qué hotel se hospeda por esta gestión? —En el mismo que lo hago hace más de diez años. Por si acaso, no cobro nada de viáticos por mi viaje —le dije. No volvió a preguntar más. En realidad, llamaba para eso y no para averiguar lo que yo hacía en Lima.

Y llegó la pandemia y la difícil situación que todo el país pasó. Existían, como recordaremos, tantos protocolos sanitarios que casi a diario se tenían que cambiar los procesos para entierros en el Cementerio General, propiedad de la SBM. La prensa radial despotricaba contra nosotros aduciendo abuso en las tarifas, «que habíamos subido aprovechando la necesidad de la desgracia». Durante los cuatro años de nuestra gestión nunca se modificó ninguna tarifa y fueron las mismas que en la administración anterior. Los opositores ladraban sin argumento. Aquí cabe mención especial al personal de SBM que laboraba durante el COVID, porque realmente hicieron una loable labor ante lo macabro del virus y las decenas de inhumaciones efectuadas.

En uno de esos viajes fuimos a conversar con funcionarios de La Tinka para ver si podíamos acogernos a algún beneficio. Me reuní con uno de los directores ejecutivos de Innova Schools, del grupo Interbank, para ofrecerles en concesión el gran terreno cercano a La Aguadita. El plan era instalar un colegio de esta cadena educativa. Estuvo por salir, pero por las revueltas sociales en nuestra provincia, la empresa se asustó y postergó la inversión. Igual sucedió con una inmobiliaria de Arequipa y con su propietario, L. Delgado, quien hizo un proyecto completo, que incluso presentó para licencia en la municipalidad. Constaba de 212 departamentos en dos torres modernas. Todo estuvo encaminado, pero se cayó por algunos parámetros urbanísticos municipales que pudieron haberse salvado, pero donde faltó decisión política. Muy lamentable de verdad, porque hubiera cambiado la cara de toda esa zona y a su vez habría multiplicado los ingresos mensuales de SBM por el alquiler de dicha concesión.

Con el dinero del terreno de La Aguadita ya teníamos el proyecto terminado para hacer Plaza Central en la esquina de 930 m² de Córdova con Comercio, propiedad de la institución. Con ese strip center funcionando, hubiéramos conseguido 55 mil soles de alquileres mensuales, lo que significaba casi quintuplicar los ingresos y, por ende, poder multiplicar la asistencia a mayor cantidad de vulnerables.

Mientras tanto, reorganizamos la parte administrativa, hicimos convenio con la RED de Salud Islay y les cedimos en alquiler una de nuestras propiedades para la instalación de un centro de ayuda psicológica. Con la reconocida diligencia del alcalde Santoyo logramos activar el comedor Trínido Quispe de Matarani, ampliando nuestros servicios en el vecino puerto. Con el apoyo de Tisur implementamos baños completos en el centro Fernando Carbajal del Inclán, lo que nos permitió también recibir a algunas personas desamparadas para que pudieran pernoctar y usar las instalaciones refaccionadas. Igual fue con el Asilo de ancianos Santa Luisa de Marillac de la ciudad, con el que retomamos el convenio para brindar almuerzo a los viejitos que allí se encuentran y que acertadamente maneja la congregación de San Vicente de Paul.

Cerca de tres años nos demoramos en destrabar el problema del Hospital de Mollendo, Manuel de Torres Muñoz. Este nosocomio está construido sobre un terreno propiedad de SBM. Existía un juicio entre Essalud, quien lo usufructuaba desde hace más de 30 años, y SBM. El Ministerio de la Mujer presionaba para que sea desalojado, mientras que Essalud apelaba a que, al prestar servicios de salud pública, SBM debería donárselo. Tendría lógica, pero no es así. Essalud tenía que comprar o compensar por ese terreno porque la ley lo exige y porque no es competencia de SBM velar por la salud.

Tras varias reuniones con la gerencia departamental de Essalud en Arequipa, logramos una cita de mayor nivel en Lima con la viceministra de Salud y con la máxima autoridad de Beneficencias a nivel nacional. Nos acompañaron el alcalde Rivera y el Dr. Edilberto Salazar, representando a Essalud, quienes ayudaron a presionar por el objetivo y a quienes agradecí por su acertado apoyo. En esa cita se expusieron los hechos y el ministerio fue enfático en confirmar que el terreno tenía que ser comprado o compensado a SBM.

Ya con ese informe final, negociamos con Essalud Arequipa y conseguimos, después de varios meses, que nos dieran un terreno contiguo al Terminal Terrestre de Mollendo de 20,000 m² y, por la diferencia de valor, 200 atenciones de Essalud mensuales por casi siete años para los usuarios vulnerables de SBM. Un negocio redondo para ambos entes. Lo mejor era que: a) terminábamos un juicio de más de 50 años; SBM obtenía un predio y servicios contra los actuales cero soles que hasta ahora no recibía; y b) Essalud, al ser propietario formal, ya podía invertir en infraestructura hospitalaria, lo que no podía hacer desde hace décadas, porque una institución como Essalud no puede meter plata sobre un predio que no le pertenece. Entonces, al final, quien ganaba con este arreglo era la salud de toda la provincia, porque el nivel de servicio subiría. El fondo de ese asunto no quería entenderlo mucha prensa y algunas autoridades, y dijeron muchas veces que yo era un vendido.

El día que estaba previsto firmar el convenio para lograr lo arriba explicado, nos llegó un comunicado del Ministerio de la Mujer indicando que nos abstuviéramos de hacerlo. El gerente de Essalud ya había llegado y todo estaba listo, pero tuvimos que anular la importante gestión por una verdadera tontería. ¿Qué había sucedido? El actual alcalde, Ale Cruz, ya había sido elegido y, aunque no estaba en funciones todavía, hizo conocer, «mediante terceros», al Ministerio de la Mujer que nuestra gestión estaba «regalando» el hospital y que, en prevención a eso, evitaran la firma. Hablamos con Lima y nos dijeron que, aunque no era ilegal nuestro arreglo, nos abstuviéramos de hacerlo porque «políticamente era lo mejor». Otra más de la burocracia que volvió a postergar la calidad de la salud en Islay.

Semanas antes de eso, intenté hablar con el alcalde electo, le escribí textos y, por último, le envié carta formal pidiéndole una cita para explicarle el tema y que lo entienda. Nunca respondió. En enero de 2023, cuando ya estaba en funciones, insistí con dos cartas para explicarle, ya que todavía se podía salvar el convenio, pero nunca quiso recibirme. Después del último intento que hice presencialmente en su despacho, y donde descaradamente se negó a recibirme cinco minutos, presenté la carta donde renunciaba a mi cargo. Triste realidad de un político, como tantos, que no mira más allá de sus ambiciones personales y que se burla del bien social y del sentido común, oponiéndose a una mejora notoria y, principalmente, a que esa posición egoísta conllevara a una sustancial mejora en el equipamiento del hospital Manuel de Torres Muñoz.

Paralelamente, pocos meses antes de salir, logramos un contrato de alquiler del actual local de Tiendas Mass, por el cual SBM otorgaba en alquiler ese terreno baldío de Córdova y Comercio por un monto mensual que, confieso, fue tan alto que aún me sorprende que el grupo empresarial propietario de Mass haya aceptado y donde invirtió 1.5 millones y SBS nada. Esa negociación fue complicada, la asumí personalmente y duró muchos meses. Valió la pena, porque con solo ese alquiler estábamos duplicando los ingresos de la institución. Mi gestión ya no disfrutó de esa caja futura y sólida, pero el gol ya estaba anotado. El día que firmamos contrato me sentí muy satisfecho y no tuve duda en pensar que ese fue el mejor negocio que había hecho en mi vida: obtener un ROE (rendimiento sobre el valor del terreno) de casi 21%, que es altísimo. Digo «mejor negocio para mí» porque conseguí un alto rendimiento y, como empresario, no gané un sol.

Igual dijeron por las redes que «hice» mucho dinero por lo bajo; que yo me había comprado el terreno y lo había alquilado después; que había cobrado tres meses de coima; que mi auto nuevo me lo había regalado Mass, etc.

En los últimos días pudimos entregar cuatro flamantes locales comerciales y un velatorio totalmente equipados y listos para operar en la calle Iquitos. Y lo mejor: las cuentas claras, más de 1.8 millones en inversión, el flujo en azul y nadie que nos pueda tildar por haber actuado con deshonestidad, que estoy seguro ya poquísimos podemos atrevernos a retar que alguien nos lo cuestione. 

Así que SBM ha sido una satisfacción peculiar y especialmente reconfortante para mi. La cara de alegría y sinceridad en las palabras de algunos de los usuarios fue el valor suficiente que compensaron las molestias y el esfuerzo

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